Un fallo de la Justicia pone límites al uso de glifosato en San Jorge

Santa Fe.— La Justicia provincial emitió un fallo inédito al dejar firme una sentencia que prohíbe la fumigación con glifosato cerca de la zona urbana de la ciudad de San Jorge.
En su dictamen, la sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe dio otro paso inédito al ordenar que la provincia y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en un período de seis meses, que los agroquímicos no perjudican la salud.

Inversión de la prueba. Este segundo aspecto del pronunciamiento implica lo que en derecho se denomina “inversión de la carga de la prueba”, por la que, desde ahora serán los usuarios del producto quienes deberán demostrar que los agroquímicos son inocuos cuando, hasta ahora, eran los vecinos linderos a las zonas fumigadas y los campesinos intoxicados quienes debían demostrar las afecciones que el procedimiento les generaba.
En su sentencia, los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el “principio precautorio”. Ante un posible daño ambiental irremediable, se deben tomar medidas protectoras. Los vecinos sanjorgenses iniciadores de la causa ya pidieron que la medida se extienda a toda la provincia.

Denuncia. El proceso que derivó en el pronunciamiento de la Justicia comenzó cuando una vecina del barrio Urquiza, en las afueras de San Jorge y lindero con sembrados de soja, denunció que su hija de 2 años sufrió ahogos, intoxicación y desmayos tras una fumigación.
Ya en marzo de 2009, el juez Tristán Martínez —del Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11— hizo lugar a un amparo y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones cerca de la zona urbana, hasta que el Concejo y el municipio se hicieran eco de la ley 11.273 y determinaran qué zonas pueden ser rociadas con agroquímicos. Los productores, el municipio de San Jorge y el Ministerio de la Producción provincial apelaron la medida del juez Martínez.
El fallo unánime de los jueces Armando Drago, Enrique Müller y María Cristina de Césaris de Dos Santos Freire en realidad fue emitido en diciembre, pero recién se conoció días atrás.

Prohibición. El pronunciamiento confirmó el fallo de primera instancia y ordena la prohibición total de fumigar con agroquímicos a menos de 800 metros de casas familiares si el método es terrestre, y a 1.500 si la aspersión es mediante avionetas.
En los fundamentos de la sentencia, el tribunal expresó: “La prohibición se desarrolla en un contexto difícil en el que juegan controversias científicas, intereses económicos, presiones y contrapresiones de orden político y empresario, riesgos reconocidos socialmente que tienen la propiedad de transformar lo apolítico en político, desinformación interesada, descoordinación en la gestión pública, insolidaridad con los posibles afectados”,
Como la apelación del Ministerio de la Producción apuntaba a que fueran los damnificados quienes probaran científicamente los perjuicios causados por los agroquímicos y llamaba a un “amplio debate” sobre el tema, la Cámara consideró “que la cuestión no requiere de más amplitud en cuanto a debate y prueba. Se discute sobre actos que atentan contra el medio ambiente, repercutiendo de forma directa en la salud de los vecinos de San Jorge, lo que importa que existe un factor de urgencia que debe ser atendido”.
Tras el veredicto de los jueces, la causa recién la semana pasada volvió al juez Martínez. Será este quien deberá notificar al ministerio y a la UNL y, al cumplirse el plazo de 6 meses, decidirá en base a esos estudios si revierte la prohibición, la sostiene o ahonda en ella.
En cuanto al uso del principio precautorio, la Cámara se remitió al articulo 4 de la ley nacional del ambiente: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.